1,2,3 ambulancias para todos

Antes de desfogar este post que me da vueltas en la cabeza desde hace algunos días, aclara que – como a todo buen cristiano – la muerte de las personas me duele y siempre lamentaré el hecho de ver cómo los seres humanos, de a uno, se marchan a mejor vida. La muerte - como decían los cuentos que mi padre relataba – se lleva a todos por igual. Es la más justa de las instituciones humanas. Y así sucedió con el Senador Fernando Castro (Q.E.P.D.), cuya muerte me produjo un extraño escozor en el cuerpo, por cuanto hace menos de un mes yo había escrito, aquí mismo, en contra de uno de los proyectos de Ley que él había propuesto en el Congreso de la República. De hecho, se desvaneció, víctima de un infarto, cuando defendía dicho proyecto. El resto de la historia ya lo conocen. La ambulancia no llegó; no hubo atención médica en el recinto; llegó a la clínica en un carro particular y murió más tarde. Después vino la oleada de los medios preguntándose: “¿Qué paso con la ambulancia y el servicio médico? ¿No es increíble que en un sector como éste esos servicios no estén disponibles?” Y llenando el panorama mediático de informes y artículos que entre líneas querían decir: “Si la ambulancia y el doctor hubiesen llegado, el congresista se hubiera salvado”. (“Si mi tía tuviera bigote, sería mi tío”, podría anotar, en modo irónico, una persona que conozco…)

Después del suceso, como para anotar una anécdota, Dario Arizmendi se la pasa llamando al Congreso, ejerciendo su labor de perro guardián del pueblo, como reza una de las definiciones del periodismo, con la intención de hacer una sola pregunta: “¿Ya hay camilla en las instalaciones de Congreso?”. Que hubiese habido una, querido Darío, no hubiera cambiado la suerte del Señor Castro. Ya el médico le había advertido, a comienzos del año, que debía reposar, dejar de fumar y no beber licor porque se exponía a un paro cardiaco. El hizo caso omiso, evidentemente, de las dos primeras. No había vuelta de hoja.

Pero que no llegara una ambulancia, por más condolencia y comprensión que quiera tener la opinión pública hacia los Padres de la Patria, puede ser culpa del mismo Congreso. Tan ocupados han estado ellos en legislar sobre temas que los colombianos no hemos deseado, ni hemos necesitado que se han olvidado de servicios básicos como éste. Las ambulancias deberían estar disponibles por toda la ciudad, encargadas de sectores determinados, para atender cualquier emergencia que se presente. No importa que se trate de un Congresista, un educador, un periodista, un hombre de la calle, una empleada de servicio, un congresista o un estudiante. Pero, lastimosamente no es así. A los conductores de ambulancias se les paga por paciente recogido. Si no recogen a nadie, no hay paga. Por eso se parquean cerca de los sitios donde ellos saben que pueden presentarse incidentes. Cerca de los bares citadinos, por ejemplo. Si se anuncia un herido, arranca la carrera de ambulancias. La primera que llegue se lleva el botín. Por crudo que suene, así es. Por eso tampoco se parquean donde el tráfico no fluye, como puede ser el centro de la ciudad. Por ende, cualquier cristiano que sufra un patatus en una zona no considerada por estos conductores, se expone a quedarse sin ambulancia. ¡Pero el Congreso ha legislado sobre la necesidad de que las personas paguen la EPS y las Pensiones así ganen por honorarios! No, no han dicho nada sobre cuál debe ser el servicio que reciban. De eso se encargan las tutelas. Allá, en las cámaras, se tramitan reelecciones, impuestos, presupuestos, cobro por minutos, transferencias, etc.

Seguramente, después de este incidente, reformarán las instalaciones del Congreso. Mejorarán los turnos médicos en sus edificios y, tal vez, tramiten alguna ley sobre ambulancias y servicios de urgencias y emergencias. Y ojalá, esperemos, que dicho proyecto, de ser propuesto, sea para todos. Para todas las zonas de las ciudades grandes y pequeñas, para todos los que trabajan, estudian o deambulan por una calle, para todo el estado y no sólo para la pequeña fracción que se ubica en los edificios de administración pública, legislación y justicia de Bogotá.